La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), un organismo gubernamental que alega “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias”. No obstante, Christopher Barnes, el presidente de la SIP, piensa que en realidad “busca juzgar la conducta y los criterios editoriales de los medios, decidiendo que es bueno o malo para la sociedad”. Y añadió, que solo es cuestión de tiempo para que la libertad de expresión y de prensa comience a erosionarse en ese país debido a intromisión del estado en la regulación de los contenidos de los medios y de las redes sociales.

Históricamente, dijo Barnes, los organismos como Nodio son la puerta para regular a los medios y entrometerse en sus contenidos; algo que no les corresponde (a los gobiernos), porque contradice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales sostienen que todos podemos pensar y opinar libremente sin ser juzgados. Y esto es precisamente lo que la institución regula, ya que esta tiene como objetivo “crear espacios para reflexionar sobre las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad” y debate” sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en Internet”.

No es la primera vez que en Argentina una administración gubernamental ha tenido esta iniciativa. Sin embargo, en los casos anteriores los hicieron retroceder gracias a fuertes debates públicos, pero en esta ocasión nació, describió la SIP, de forma inadecuada (intempestiva), porque no se pudo disputar correctamente. Es preciso señalar que, Nodio fue creado por la Defensoría del Público, otro organismo del estado conformado por funcionarios y personas cercanas al gobierno nacional, quienes son lo reguladores y encargados de su funcionamiento. Esta ausencia de neutralidad aflora la noción de que los valores éticos y profesionales dentro del periodismo sean impuestos o censurados por el gobierno a su conveniencia.

“Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.
Artículo 6 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Imagen: ColiN00B / Pixabay.