Un artículo redactado en la organización ‘Rest of World’ explicó la maniobras del gobierno filipino hacia aquellas personas de diferente índole, especialmente periodistas y entidades informativas, que difunden contenido contrario a sus intereses. Allí, explicaron la forma de cómo el gobierno utiliza medios de comunicación parcializados y redes sociales sobre todo, para hacer su discurso político y acusar a dichas figuras como comunistas, terroristas o de estar relacionadas con el narcotráfico.

Desde que el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte llegó al poder en 2016, impulsó una campaña de persecución hacia ‘narcotraficantes violentos, comunistas y terroristas’ que ha llevado a la policía a asesinar 5.500 personas presuntamente relacionadas con las drogas. Sin embargo, grupos defensores de los derechos humanos estimaron que esa cifra alcanzó los 27.000 debido a que los organismos de seguridad aprovecharon dicha coyuntura para ‘ajustar cuentas’ con impunidad.

Entre los afectados, existen varios periodistas y defensores de los derechos humanos que intentaron desmentir o señalar al gobierno de Duterte, los cuales fueron difamados en la esfera pública como narcotraficantes, golpistas, comunistas o terroristas. Para difamarlos y detenerlos, los rostros de estas personas comenzaban a aparecer en volantes y carteles. Luego, empezaban a surgir mentiras sobre ellos en medios del gobierno y en las redes sociales (por medio de cuentas falsas). Y finalmente empezaban a recibir amenazas por distintas vías, como los mensajes de texto. Todo esto desembocaba en dos escenarios, ir a la cárcel ‘por algún cargo tenue’ o la muerte (por medio de torturas o a sangre fría). A veces, algunos de ellos acostumbraban a llevar artículos de tocador, como jabones, para estar cómodos en las primeras noches en prisión. Sin embargo, no todos eran así de afortunados.

El gobierno filipino posee listas de personas disidentes, algo conocido en esa bación como ‘etiquetas rojas’. Allí estaba Zara Álvarez, una de los fallecidos en esta persecución. Ella fue una activista de los derechos humanos que, a pesar de las amenazas, trabajó en nombre de las comunidades de Negros Island. Sin embargo, en las redes sociales se le tachaba de ser una simpatizante comunista y terrorista. Es decir, una ‘peligrosa’ enemiga del estado.

“Comenzó con el etiquetado de personas como delincuentes por drogas. … Y luego fue tras los críticos, etiquetándolos con etiquetas como terroristas o simpatizantes comunistas… El clima de miedo tenía que ser impulsado por algo. Tenía que haber hombres del saco para impulsar esa narrativa. Desafortunadamente, nos necesitaban. Necesitaban a los periodistas, necesitaban a la oposición, para pintar un cuadro de una atmósfera peligrosa: para justificar la violencia ”. 

Arugay, Palabay de la coalición de derechos humanos Karapatan.

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